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Justicia, democracia y medioambiente



Por: Fredy Estuardo Pérez González 
Invetigador, CONGCOOP

El “derecho a defender derechos” es de vital importancia en aquellas sociedades en las que el Estado -en alianza con el capital corporativo- insiste en un modelo de desarrollo incompatible con el bienestar de la población indígena y campesina.

En Guatemala, las organizaciones y comunidades que defienden su derecho a la tierra y el territorio frente al acaparamiento, la extracción de los bienes naturales y la devastación medioambiental, son víctimas de reiterados ataques que van desde la amenaza y la criminalización hasta el encarcelamiento y el asesinato. Según reportes de las organizaciones afectadas, de enero del 2018 hasta agosto del mismo año, catorce personas defensoras de DDHH fueron asesinadas (Informe “Perder la Vida por Defender la Tierra” Guatemala 2018). A partir de entonces se han registrado nuevos casos: el 21 de septiembre fue asesinada Juana Ramírez Santiago comadrona e integrante de la junta directiva de la Red de Mujeres Ixiles; el 1 de noviembre fue encontrado muerto Elizandro Pérez autoridad indígena del Consejo Maya Ch’orti’ de la comunidad La Prensa en Olopa, Chiquimula; el 17 de marzo 2019 fue asesinado Willy René de Paz Bojorquez, miembro de CODECA y del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

Reconociendo que las causas de estos conflictos son el despojo territorial, la falta de tierras y la marginación política y económica de la población rural, dicho informe indica, entre otras recomendaciones, la necesidad de: 
revisar los procedimientos y los convenios de concesión de usufructo de recursos naturales, analizar su potencial lesividad a los medios de vida de las poblaciones aledañas e incorporar en las normas que rigen los estudios de impacto ambiental indicadores de respeto y protección a los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas.

Más recientemente, el pasado 5 de marzo en Ginebra, Suiza, en el marco de la 40 Sesión del Consejo de DDHH de la ONU, se ha vuelto a conocer el informe sobre la situación de los DDHH en Guatemala a la luz del Acuerdo de Escazú, el cual señala la obligación de proteger a las personas defensoras del medioambiente. Ante la ola de represión, organizaciones campesinas e indígenas, junto a entidades internacionales, permanecen atentas al proceso de elecciones generales 2019 exigiendo la incorporación política de los compromisos asumidos por el Estado a favor del medioambiente y pronta justicia para las víctimas de la violencia.

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